Para fijar precios justos primero hay que saber cuánto cuesta cada servicio. Este caso explica cómo se calculó el coste real de los servicios educativos de una entidad pública para diseñar un sistema de tarifas adaptado a la renta de sus demandantes.
Situación: tarifas que necesitaban adaptarse a los costes reales
Una entidad pública que ofrecía servicios educativos necesitaba establecer un sistema de tarifas que atendiera a la situación económica de sus solicitantes. Era necesario valorar qué cuotas debían pagar sus usuarios que se adaptaran al coste real del servicio, se pudieran bonificar en caso necesario y a la vez, esto no afectara negativamente a los resultados económicos de la entidad.
Para tomar cualquier decisión sobre precios, se debía tener claro: ¿cuánto cuesta realmente cada servicio?
Acciones: sistema de costes completos por programa y por alumno
El punto de partida fueron los datos de contabilidad financiera de la entidad, que recogía los costes por naturaleza (personal, suministros, alquileres, etc.) pero no decían qué parte correspondía a cada programa o a cada alumno.
Se identificaron las distintas secciones de actividad, se clasificaron en principales y auxiliares, y se definió el criterio más adecuado para repartir los costes entre ellas. Con este sistema de costes completos fue posible calcular cuánto cuesta cada programa, cada curso dentro del programa y cada alumno inscrito.
Con esa información sobre la mesa, la entidad pudo diseñar un sistema de tarifas progresivo: cada usuario paga en función del coste real del servicio y de su capacidad económica, con los criterios de equidad que la propia administración consideraba adecuados.
Resultados: tarifas objetivas, progresivas y justificables con datos
La entidad dispuso, por primera vez, de una base objetiva para fijar y justificar sus precios públicos.
Las decisiones dejaron de tomarse por estimación o por inercia histórica y pasaron a apoyarse en datos reales.
El sistema de tramos se amplió y se hizo más justo.
Este tipo de análisis de costes no es exclusivo de la administración pública: cualquier empresa u organización que quiera conocer el coste real de sus productos o servicios puede aplicar la misma metodología.